De acuerdo con el documento enviado a la Corte Suprema, el fiscal general adjunto Carlos Frederico Santos sostiene que el grupo asaltó las sedes del máximo tribunal, el Congreso y el palacio presidencial de Planalto, y debe ser condenado por asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y daños a la propiedad federal.
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La acusación afirma que las concentraciones se organizaron previamente a través de mensajes en las redes sociales. Además, se confirmó la presencia de cazadores, tiradores y coleccionistas de armas de fuego entre los alborotadores.
Las indemnizaciones por los daños causados por los actos vandálicos en los edificios del gobierno ascienden a R$ 25 millones: 3,5 millones (Senado), 1,1 millones (Cámara de Diputados), 9 millones (Palacio Presidencial) y 11,4 millones (Corte Suprema).
La referida corte tiene previsto juzgar en septiembre los primeros cargos penales contra los investigados por los disturbios.
Desde el inicio de las investigaciones, 1.290 personas han sido acusadas ante el máximo tribunal brasileño.
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