La Corte Suprema de Brasil ha imputado hasta ayer martes a unos 1.176 de los participantes en los actos golpistas del 8 de enero último, cuando miles de partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de forzar un golpe de Estado contra el entonces mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva.
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El Supremo Tribunal Federal (STF) anunció que se alcanzó esa cifra en la medianoche del lunes cuando concluyó el análisis virtual de las denuncias de la Fiscalía contra otros 131 acusados, a los que consideró procedentes para abrirles un juicio penal.
La apertura de los procesos la aprobaron 8 de los 10 magistrados que integran el Tribunal, los únicos en contra resultaron Kassio Nunes Marques y André Mendonça, cuyo nombramiento fue indicado por el entonces presidente Bolsonaro.
Este miércoles la Corte Suprema iniciará el análisis de las acusaciones contra el séptimo y último grupo de los 1.390 denunciados formalmente por la Fiscalía por participar en la intentona golpista.
Una vez concluido el proceso, se iniciará la recolección de las pruebas, la convocatoria de los testigos y la lectura de las alegaciones de defensa y acusación.
Hasta ahora, de los 1.176 imputados, 951 fueron acusados por asociación para delinquir e incitación pública contra las Fuerzas Armadas y los poderes constitucionales por haber participado en los campamentos que los bolsonaristas montaron frente al cuartel general del Ejército para pedir un golpe de Estado y desde donde se dirigieron a los asaltos.
Los restantes 225 fueron considerados autores intelectuales y ejecutores de los asaltos; por lo que responden por los delitos de asociación para delinquir, abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado y daños al patrimonio.
Incluso, uno de los investigados en este grupo resulta el exmandatario Bolsonaro, quien estaba en Estados Unidos cuando sucedieron los hechos, adonde viajó para evitar entregarle el poder a Lula; pero figura como sospechoso de "incitar" a sus seguidores.
Ocho días después de la toma de posesión de Lula, miles de seguidores del líder de ultraderecha, que no reconoció el resultado de los comicios de octubre pasado, asaltaron los tres poderes de la Nación en un claro intento de derrocar al dirigente progresista.
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