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AMPLIAREl canciller Rogelio Mayta en conferencia de prensa sobre la injerencia de Bolsonaro

El Canciller llama "inapropiada injerencia" a la oferta de asilo de Bolsonaro a Áñez

El gobierno del presidente Luis Arce respondió ayer martes a su par de Brasil y le aclaró que “bajo ningún concepto” aceptará la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana.

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“Lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes, hace una inapropiada injerencia en asuntos internos, no respeta las formas de relacionamiento entre Estados y no coincide con las relaciones de buena vecindad y respeto mutuo entre Brasil y Bolivia”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, en rueda de prensa dictada en La Paz.

Bolsonaro, en entrevista con un medio brasileño, ofreció asilo político a la exlegisladora Jeanine Áñez, sentenciada por un tribunal a 10 de prisión en Bolivia, y calificó de “injustas” tanto la condena judicial como su detención.

Bajo ningún concepto, dijo el titular de Relaciones Exteriores, Bolivia aceptará la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia del país y la institucionalidad estatal.

Mayta, abogado de larga trayectoria en derechos humanos, recordó que sobre la política beniana pesan “cargos criminales” que se tramitan en instancias judiciales y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la primera entidad en investigar los sucesos de noviembre de 2019, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres y, por tanto, delitos de lesa humanidad.

Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción de Áñez a la presidencia y que dejaron al menos 38 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos, precisamente, en Senkata y Sacaba.

El 14 de noviembre de 2019, al tercer día de su régimen, firmó el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad del Estado lanzadas contra la sociedad civil desarmada.

“La señora Áñez está siendo investigada y procesada criminalmente porque ha cometido graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó la autoridad e insistió que, en ese marco, el Estado boliviano tiene la “obligación” de llevar adelante los procesos judiciales necesarios, recomendados también por organismos internacionales de derechos humanos, para brindar justicia a las víctimas de ese periodo.

El canciller señaló que es “inadmisible” una situación en la que Jeanine Áñez pudiera evadir la justicia.

“La impunidad es inadmisible, en esta ocasión queremos ratificar el compromiso de Bolivia para lograr el respeto de los derechos humanos que hubiesen sido trasgredidos en esos lamentables días de 2019, tal cual han expresado las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.