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AMPLIARLos dos candidatos obligados a debatir

Justicia de Colombia ordena a presidenciables sostener un debate

La justicia de Colombia ordenó a los presidenciables Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, el excéntrico millonario que se niega a controvertir con su rival de izquierda en público, asistir a un debate radial y televisado antes del balotaje del domingo.

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Según el fallo divulgado este miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a ambos aspirantes "que dentro del término de 48 horas (...) soliciten y programen de manera conjunta, a más tardar el día jueves 16 de junio de 2022, la realización de un debate presidencial" en el sistema de medios públicos.

El tribunal tomó la decisión tras evaluar un recurso de protección interpuesto por un grupo de abogados que exige a Hernández consensuar un encuentro con el senador y exguerrillero Petro.

Los debates son "un derecho del candidato para exponer sus ideas, pero al mismo tiempo un deber frente al conglomerado social", agrega el documento del tribunal.

Tras conseguir la segunda mejor votación en la primera vuelta del 29 de mayo, el exalcalde de Bucaramanga (2016-2019) declinó su participación en los cara a cara por considerarlos "polarizantes y de odio".

Desde entonces, Hernández expone sus propuestas en redes sociales, la tribuna central de su campaña, pese a las invitaciones de Petro a medirse en un debate.

María Ángela Robledo, afín a la candidatura izquierdista y quien fuera compañera de fórmula de Petro en las presidenciales de 2018, lideró la acción jurídica aceptada por el tribunal.

"Hoy le pido a sr @ingrodolfohdez [Rodolfo Hernández] que la acate, como un gesto democrático de cara a la ciudadanía", expresó la también excongresista en Twitter.

En la misma red social, Petro dijo estar "listo" para cumplir la orden. Hernández no se ha pronunciado.

Mauricio Urquijo, uno de los abogados firmantes de la acción popular, explicó a la AFP que la orden es "ineludible".

Los candidatos pueden interponer "un recurso que se llama impugnación, pero que no tiene la capacidad jurídica de suspender la decisión", añadió.

Si alguno de los implicados la desatiende podría incurrir en "desataco", con sanciones que llegan "hasta la privación de la libertad e inclusive en la posible comisión de un delito que se llama fraude a resolución judicial", agregó Urquijo.

Hacia el final del primer turno electoral, Petro también dejó de ir a algunos debates como protesta por un supuesto fraude contra las fuerzas de izquierda en las legislativas de marzo.

En la recta final de la campaña los candidatos intentan persuadir a los abstencionistas (45%), en su mayoría jóvenes, y a los indecisos. Las encuestas registran un empate técnico en la intención de voto.