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AMPLIARJaldo participó del acto encabezado esta tarde por el presidente Alberto Fernández.

Crecimiento equilibrado, autonomía y federalismo: los elogios del Presidente al Consenso Federal

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer por la tarde la firma de un nuevo Consenso Fiscal para 2022 con gobernadores de todo el país y aseguró que el acuerdo constituye “un paso más en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina”. El acto contó con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo.

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El consenso firmado “preserva la autonomía de las provincias y profundiza el sistema federal”, afirmó el Jefe de Estado, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán. 

“Este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales, así que les agradezco desde ese lugar porque nos ayuda mucho a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo, con la participación de todos y buscando consensos”, consideró Fernández.

El Presidente también señaló que “es importante poner en debate buscar la progresividad del sistema recaudatorio, y que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y en ese sentido que en 2022 podamos poner en discusión un impuesto como el de herencia es muy interesante”.

De Pedro, en tanto, señaló que el consenso “les devuelve autonomía a las provincias y equilibra la situación impositiva”. “Es un consenso que sirve mucho, sobre todo en la colaboración fiscal entre las provincias para la simplificación y modernización del sistema tributario federal”, indicó. El ministro también destacó que el acuerdo “no aumenta impuestos, sino que pone topes a la suba de impuestos, es decir que todos los gobernadores y gobernadoras que están firmando este consenso fiscal están autolimitando la suba de impuestos”.

Además de Jaldo, firmaron el nuevo acuerdo los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Rodolfo Suárez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; y el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo.

Asistió también al acto el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al Consenso que se suscribió durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo.  

"Nosotros valoramos mucho la actitud del Presidente y todo su equipo. Al margen de poder tomar decisiones tributarias, también tenemos facultades para diseñar nuestros presupuestos sin limitaciones. Siempre las limitaciones en los presupuesto y en los gastos son los recursos. En una buena administración no se puede gastar más de lo que recauda. Tucumán tiene un presupuesto con superávit. Estamos cumpliendo todos nuestros compromisos sociales”, explicó Jaldo. “Tucumán no va a aumentar ningún impuesto producto de este acuerdo federal. Seguirá teniendo un presupuesto con superávit porque no vamos a resignar ningún recurso que le corresponda a los tucumanos”, remarcó el mandatario.

Nuevo consenso fiscal, en detalle:

El nuevo consenso busca establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado con el objetivo de reducir en forma gradual y sostenida las diferencias que, en materia de desarrollo económico y social, existen entre las distintas regiones del país. 

En el texto suscrito, la Nación y las provincias se comprometieron a promover el intercambio de información, a seguir trabajando en un programa integral de simplificación y la coordinación tributaria federal, a fortalecer el Padrón Federal – Registro Único Tributario (RUT), a evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor de los o las contribuyentes en Ingresos Brutos y a consensuar un proyecto de ley que fortalezca el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (O.Fe.V.I.).

Además, las partes se abstendrán por un año de iniciar procesos judiciales y suspenderán por igual término los ya iniciados, al tiempo que Nación se comprometió a pagar en 12 cuotas los saldos pendientes de la actualización de la compensación.

Con respecto al impuesto sobre los Ingresos Brutos, acordaron considerar como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota, y se establecieron las alícuotas máximas para un conjunto de actividades.

Sobre el impuesto de Sellos, se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.

También se alcanzaron acuerdos respecto del impuesto a los Automotores, el Inmobiliario y a la transmisión gratuita. A su vez, las provincias se comprometieron a aplicar el criterio de Endeudamiento Responsable, por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, por desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y por las operaciones de reestructuración de deuda.

En cuanto a la responsabilidad fiscal, se retomará la vigencia de los artículos suspendidos de la Ley N° 25.917 y se incorporará que la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB, y que el producido del endeudamiento gubernamental no podrá destinarse a gastos corrientes, salvo excepciones.