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AMPLIAREdgar Salazar presidente de la APDHB

APDHB se sumará a denuncia internacional por violaciones de derechos humanos y delitos durante el golpe de Estado de 2019

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Edgar Salazar, informó ayer domingo que esa entidad se sumará a la denuncia internacional sobre las masacres, las violaciones a las garantías constitucionales y los delitos de lesa humanidad suscitados durante la crisis de 2019.

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“Desde el punto de vista de la APDHB, tenemos ese deber, de manera coordinada con los familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba, hacer la denuncia a la comunidad internacional para que conozca la verdad histórica”, dijo, en una entrevista en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

Señaló que la tarea se encarará porque dirigentes políticos tradicionales, en complicidad con Carolina Ribera, hija de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, cuentan en el exterior la mentira de que en el país existe una persecución política contra la gente que usuró el gobierno de manera inconstitucional y masacró al pueblo en 2019.

Manifestó que se precisa que el mundo conozca la verdad de los partidos políticos de oposición y sea informada sobre lo que realmente sucedió durante la ruptura del orden constitucional del país. 

“Creemos que eso es muy fundamental”, enfatizó.

Además, Salazar anunció que la APDHB coordinará la aplicación de las recomendaciones efectuadas por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, para la reparación de los daños causados durante el golpe de Estado de 2019.

“Hay que trabajar en el tema de justicia, hay que trabajar con referencia al tema de algunas instituciones que están muy deficientes en el país, e indudablemente vamos a sumarnos y vamos a acompañar de manera incansable a nuestros hermanos de Senkata, Sacaba, Huayllani y El Pedregal, en el inicio de los juicios que correspondan por las masacres de Senkata y Sacaba”, agregó.

El titular de la APDHB dijo que trabajará también durante su gestión en el pedido a la expresidenta de esa entidad, Amparo Carvajal, para que entregue la sede institucional, una vez que fue expulsada con ignominia y por la institucionalización de sus directorios departamentales, en un plazo de 90 días.

GSG / Agencia Boliviana de Información