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AMPLIARFrente al edificio de Precisa Medicamentos, una empresa farmacéutica con sede en Brasil

Policía de Brasil allana empresa farmacéutica en medio de investigación de vacunas en el Senado

La policía federal brasileña allanó las oficinas de Precisa Medicamentos, una compañía farmacéutica con sede en Brasil, ayer viernes como parte de una investigación sobre posibles irregularidades en la adquisición de vacunas COVID-19 de la india Bharat Biotech, según una declaración de los senadores que manejan la investigación.

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La Policía Federal (PF) realizó allanamientos hoy en oficinas de la empresa Precisa Medicamentos, que intermedió la firma de un contrato entre el gobierno brasileño y un laboratorio indio para la compra de vacunas contra el coronavirus, acuerdo que contó con el aval del presidente Jair Bolsonaro.

La Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) sobre la pandemia solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) que autorice las diligencias policiales realizadas desde las 6 horas (9 GMT) en oficinas y almacenes de Precisa Medicamentos en Barueri e Itapeví, ciudades del interior del estado de San Pablo.

Según los documentos de la Cancillería a los que tuvo acceso la CPI, el Ministerio de Salud firmó un contrato con el laboratorio indio Bharat Biotech que fijó en 15 dólares el precio de cada dosis de la vacuna Covaxin, un valor superior al de la mayoría de los antídotos contra el Covid-19.

El objetivo de esta operación policial es "obtener el original del contrato entre Bharat y Precisa, la CPI intentó de todas formas obtener ese contrato y no lo logró", afirmó hoy el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente del organismo investigador.

De acuerdo senadores de la CPI, como Simone Tebet, el valor alto acordado por la vacuna Covaxin sería indicio del pago de una "propina" o un "sobreprecio" que podría favorecer a la empresa Precisa, que tiene vínculos con miembros del gobierno.

El presidente Bolsonaro se comunicó con su colega indio, Narendra Modi, para facilitar el contrato para compra de 20 millones de unidades de Covaxin.

El contrato fue firmado en junio de este año pero en agosto, luego de las revelaciones de la CPI, el gobierno decidió dejarlo sin efecto.