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AMPLIARBolsonaro deberá explicar la corrupción por la compra de vacunas

Fiscalía quiere investigar a Bolsonaro por la corrupción en la compra de vacunas

La Procuraduría General de la República de Brasil solicitó a la Corte autorización para investigar al presidente, Jair Bolsonaro, por su eventual participación en un contrato de compra de vacunas indias sobre el cual hay indicios de corrupción.

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La Fiscalía General de la República de Brasil le pidió al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia, abrir una causa para investigar al presidente Jair Bolsonaro, en el escándalo de la sobrefacturación en un contrato frustrado para la compra de la vacuna india Covaxin por parte del Ministerio de Salud.

El pedido apunta a determinar si Bolsonaro cometió el delito de prevaricato, es decir, si no ordenó investigar corrupción luego de haber sido informado del asunto por el diputado Luiz Miranda, uno de sus aliados, el 20 de marzo pasado.

La solicitud fue hecha por el subprocurador general de la República, Humberto de Medeiros, y es el acto judicial más importante sobre corrupción vinculado al actual presidente.

El diputado bolsonarista Luis Miranda, del oficialista partido Demócratas, y su hermano, Ricardo Miranda, funcionario de carrera encargado de importaciones en el Ministerio de Salud, dijeron bajo juramento ante la comisión investigadora del Senado que le avisaron a Bolsonaro de la sobrefacturación de 1.000 por ciento en la compra de Covaxin el 20 de marzo en el Palacio del Planalto.

El pedido busca establecer si el mandatario ultraderechista, sabiendo del delito, no activó a la Policía Federal para investigar la denuncia, en la que aparece vinculado por su poder de cabildeo el líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer.

La respuesta del gobierno

El Gobierno de Bolsonaro dijo que avisó dos días después, el 22 de marzo, al entonces titular de la cartera sanitaria, general Eduardo Pazuello, hoy secretario especial de la Presidencia tras ser expulsado del cargo el 23 de marzo.

El escandalo

El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, tres meses después de esa reunión entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la Casa de Gobierno.

El diario O Globo apuntó a que existe temor en el Palacio del Planalto de que el diputado Miranda tenga la grabación del encuentro que tuvo con el mandatario.

El fiscal general, Augusto Aras, muy cercano al presidente, había pedido al Supremo Tribunal Federal esperar que la comisión del Senado termine de investigar para tomar el caso.

Es por eso que el pedido incurre en una ayuda al jefe del Estado ya que habla de "falta de indicios".

Pero la jueza suprema Rosa Weber le envió un escrito diciendo que la fiscalía general no podía ser apenas un "mero espectador" de posibles delitos siendo cometidos.

Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos médicos, denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.

El fiscal general Aras había desestimado el jueves denunciar a Bolsonaro por omisiones en la compra de fármacos durante 2020, cuando retrasó las adquisiciones de dosis de CoronaVac y Pfizer debido a sus cuestionamientos a la vacunación.

Pero esta vez, parte del Supremo Tribunal Federal ha coincidido en la necesidad de investigar al Poder Ejecutivo a la luz de las revelaciones de la comisión parlamentaria del Senado.

Bolsonaro dedicó declaraciones, discursos oficiales, diálogo con sus seguidores y un vivo de Facebook para acusar a tres jueces de la corte que se reunieron oficialmente con presidentes de partidos políticos -incluidos los que apoyan a Bolsonaro en el Congreso- para ratificar la transparencia del sistema de urna electrónica que Brasil usa desde 1996.

"Si me ganan con fraude el año que viene, no entregaré la banda presidencial a otro", dijo el jefe de Estado, quien sostuvo que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva apenas puede ganar "si no se incorpora el voto impreso".

Ayer viernes, Bolsonaro dijo que Lula está articulando apoyos con partidos políticos, prometiendo ministerios a cambio de que no apoyen el reclamo oficialista de cambiar el sistema electoral bajo denuncias de fraudes pasados de los que hasta ahora no presentó pruebas.

La apertura de la investigación pedida a disgusto por la Fiscalía General -presionada por la juez Weber- se suma al "superpedido" de impeachement por 123 violaciones a la Constitución que presentaron la oposición de derecha e izquierda ante el Congreso.

En un juego de presiones y equilibrios, el encargado de autorizar el juicio político es el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), quien dijo que no existe "materialidad" de Bolsonaro en los delitos presentados.

La presión para que Lira saque del cajón el pedido de impeachment será ejercida en las calles mañana, con una manifestación, la cuarta en 60 días, pidiendo la renuncia de Bolsonaro, convocada tanto por la izquierda como por parte de la oposición derechista.